El Instituto Geológico Minero de España (IGME) ha iniciado las prospecciones para hallar a más de 800 metros bajo tierra emplazamientos idóneos en los que almacenar el dióxido de carbono (CO2) que producen las centrales térmicas de carbón, gas o fuel situadas en territorio español.

El centro de investigación trabaja en este proyecto desde hace dos años y medio. Los primeros estudios se realizaron en 2007, cuando se analizaron formaciones permeables profundas de agua salada. Se trata de estructuras porosas capaces de albergar las ingentes cantidades del contaminante dióxido de carbono producidas al año en nuestro país por las centrales energéticas.

Otras de las formaciones estudiadas son las capas de carbón. No obstante, España no cuenta con yacimientos de petróleo o gas, una estructura que los geólogos consideran muy adecuada para albergar dióxido al quedarse las bolsas vacías de hidrocarburos.

El último mapa geológico trazado por los expertos de IGME, de este mismo año, ya delimita las zonas potenciales de almacenamiento del gas contaminante. Concretamente, los científicos han concluido que los principales puntos corresponden a estructuras rocosas de agua salada situadas a gran profundidad.

Hay que tener en cuenta que el CO2 debe estar almacenado a más de 800 metros bajo tierra, donde las condiciones de presión de 80 atmósferas- y la temperatura de más de 30ºC- facilitan que el gas se transforme en líquido muy fluido, lo que permite su infiltración en el tejido rocoso. En esas condiciones, el CO2 ocupa un espacio 500 veces menor que expuesto a presión normal.

La investigación se está efectuando bajo los criterios del borrador de la directiva europea de Captura y Almacenamiento de Carbono, que será
aprobada próximamente. En total son 17 los países que están trabajando en esta dirección con la finalidad de poner a punto una tecnología segura que puede ser aplicable en todo el territorio UE, necesaria ante una gran crisis energética, y ante la necesidad de minimizar al máximo las emisiones  nocivas para el medio ambiente.

RETICENTES

Tras la localización de los lugares potenciales de almacenamiento, el instituto aborda el análisis de las condiciones de los mismos, a través de costosos y laboriosos estudios ante los que las compañías eléctricas se muestran reticentes, acostumbradas durante años a la emisión indiscriminada de CO2.

Actualmente, la tonelada de CO2 emitido tiene un coste de 30 euros en el mercado europeo, aunque su precio suele oscilar. Por otro lado, el proceso de captura, transporte y almacenamiento del CO2 podría costar entre 30 y 35 euros. Este precio podría llevar a la UE a adoptar nuevas formas de gestión de sus residuos y agentes contaminantes.